Brasil
Los contratos firmados por personas analfabetas podrán exigir formalización mediante escritura pública
El Proyecto de Ley n.º 6.558/2025 (PL), establece que la validez de los negocios jurídicos celebrados por persona analfabeta o que no sepa leer y escribir deberá formalizarse obligatoriamente mediante escritura pública. El Proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC).
Según la exposición de motivos, “El presente Proyecto de Ley tiene por objeto conferir mayor seguridad jurídica y protección social a las personas no alfabetizadas, estableciendo la escritura pública como requisito esencial de validez para la celebración de negocios jurídicos que impliquen obligaciones, disposición de derechos o contracción de deudas.”
El autor del proyecto de ley destaca que “la exigencia de la forma pública no debe ser vista como un obstáculo burocrático, sino como una garantía de ciudadanía. El Notario, profesional del derecho dotado de fe pública, actúa como fiscal de la legalidad y de la voluntad de las partes. Al exigir que el acto sea leído en voz alta, explicado y certificado por un notario, se asegura que la persona analfabeta comprenda exactamente el alcance de las obligaciones que está asumiendo.”
El art. 1.º y su párrafo único del texto inicial, si es aprobado tal como fue presentado, tendrá la siguiente redacción: “Art. 1.º La validez de los negocios jurídicos que impliquen obligaciones, disposición de derechos o contracción de deudas, cuando sean celebrados por persona analfabeta o que no sepa leer y escribir, depende, bajo pena de nulidad, de la utilización de la forma pública.
Párrafo único. La exigencia prevista se aplica a las relaciones de naturaleza civil, de consumo, laboral y previsional, quedando prohibida la utilización de instrumento privado, aun cuando esté suscrito a ruego y por testigos.”
El Proyecto también prevé la gratuidad de los actos para las personas en situación de vulnerabilidad económica, “garantizando que la exigencia formal no se convierta en un obstáculo financiero para el ejercicio de la vida civil”, conforme consta en la Justificación presentada.
