Marruecos
Marruecos está reforzando su control sobre el mercado inmobiliario mediante un registro electrónico de poderes notariales
Desde el 1 de junio de 2026, la inscripción de los poderes relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles en un registro nacional electrónico es obligatoria en Marruecos.
Esta importante reforma transforma el sistema del Reino, que pasa de una simple confianza en los documentos a un modelo de verificación institucional sistemática, redefiniendo las obligaciones de notarios, adules y abogados para erradicar definitivamente el fraude inmobiliario y reforzar la confianza de los inversores.
El sector inmobiliario marroquí ha dado un paso histórico en la seguridad de las transacciones. Desde el 1 de junio de 2026, la inscripción de los poderes oficiales relacionados con derechos reales inmobiliarios en un registro nacional electrónico es obligatoria. La reforma tiene como objetivo erradicar el fraude, mejorar la transparencia y modernizar la gestión inmobiliaria, Este nuevo sistema marca una ruptura definitiva con las prácticas del pasado y constituye un avance fundamental para el Reino.
El sistema anterior de gestión de mandatos presentaba limitaciones estructurales evidentes. Ante la ausencia de un mecanismo centralizado de control, los poderes circulaban sin que pudiera verificarse su existencia, validez o revocación, lo que favorecía numerosos litigios y falsificaciones, especialmente en operaciones realizadas a distancia o mediante intermediarios.
La inscripción en el registro nacional electrónico tiene ahora carácter constitutivo, lo que significa que un poder no produce ningún efecto jurídico mientras no haya sido registrado.
La reforma incorpora importantes innovaciones, entre ellas la oponibilidad frente a terceros de las modificaciones o revocaciones de los poderes, siempre que estas hayan sido inscritas en el registro. De este modo, el sistema neutraliza el uso de documentos falsificados o revocados sin conocimiento del otorgante, evita las dobles ventas y las usurpaciones de identidad, y protege al mismo tiempo los bienes de los marroquíes residentes en el extranjero.
Este cambio de paradigma redefine las obligaciones de todos los actores del sector inmobiliario. Notarios, adules, abogados y conservadores de la propiedad deben incorporar una nueva obligación de diligencia, ya que el artículo 889-2 les exige comprobar previamente la inscripción del poder en el registro antes de autorizar cualquier acto. Los conservadores de la propiedad, por su parte, disponen ahora de una herramienta de control reforzada para garantizar la seguridad de las inscripciones registrales y reducir las impugnaciones.
Si bien el éxito a largo plazo de esta reforma estructural dependerá de su rápida adopción por parte de los profesionales, ya ofrece una mayor previsibilidad y fortalece la confianza de los inversores. Próximamente se esperan disposiciones reglamentarias que precisen las modalidades técnicas de acceso a la plataforma, su interconexión con el Registro de la Propiedad y las medidas de protección de los datos personales.
