México
Los notarios y su función preventiva: la otra cara de la fe pública
Ante Notario
Urge que las autoridades competentes vigilen y regulen nuevamente este aspecto, a fin de asegurar que la libre elección de notario sea una realidad efectiva para todos los consumidores.
En días recientes, Vanessa Romero Rocha publicó en el diario Reforma (11 de octubre de 2025) el artículo titulado “Con los notarios, no”, en el que formula diversas críticas al sistema notarial. A partir de esa lectura, conviene ofrecer una visión complementaria -desde la técnica jurídica y la experiencia profesional- sobre lo que representa la función pública notarial en México.
La labor del notario es, ante todo, una función de justicia preventiva. A diario, los fedatarios reciben a numerosas personas que requieren orientación profesional y técnica sobre los efectos jurídicos de sus actos. Estas asesorías -que se brindan de forma gratuita- les permiten tomar decisiones informadas antes de celebrar un contrato, otorgar un poder, testar o adquirir un bien.
Así, sin costo para las personas, se evita un conflicto, un juicio innecesario, una pérdida patrimonial y, en consecuencia, se coadyuva a la paz social y al bienestar general.
Las notarías constituyen una manifestación de una función pública esencial que implica un servicio jurídico especializado, sostenido con recursos propios. En ellas trabajan abogados, pasantes y personal en formación que adquieren experiencia en derecho civil, mercantil, sucesorio e inmobiliario, contribuyendo a fortalecer el sistema jurídico nacional. No representan, por tanto, un privilegio, sino un deber con el Estado y con la ciudadanía.
Ese engranaje profesional -asesoría gratuita, capacitación, infraestructura y modernización tecnológica- no depende del erario público, sino de la inversión directa de los propios notarios, posible gracias a los honorarios que en otras operaciones se cobran conforme a los aranceles dispuestos por las entidades federativas. De sobra está mencionar que los notarios coadyuvan efectivamente con el Estado en la determinación y retención de impuestos, así como en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El nivel técnico de las notarías demanda abogados altamente calificados, quienes han dedicado años a su formación académica, a la práctica jurídica y a la acreditación de exámenes rigurosos antes de poner esa preparación al servicio de la fe pública. Además, los estándares éticos del gremio son altamente valorados por la ciudadanía, que elige libremente al notario de su confianza.
La actividad notarial, además del control social, está sujeta a la vigilancia permanente de las secretarías generales de gobierno estatales, lo que garantiza un sistema de control institucional y gremial robusto. Existen mecanismos de denuncia frente a posibles irregularidades, y los precedentes administrativos muestran con claridad que el sistema sí sanciona cuando corresponde.
La ingeniería notarial es el resultado de una arquitectura jurídica eficiente que difícilmente podría reproducirse con el mismo nivel de precisión desde otro ámbito del Estado. Basta comparar, a manera de ejemplo, la expedición de un certificado de libertad de gravámenes por el Registro Público de la Propiedad: un trámite sencillo que debería obtenerse en minutos, pero que en ocasiones tarda semanas. En cambio, una notaría tiene capacidad para asesorar y elaborar escrituras complejas en un solo día. El retraso en el trabajo notarial suele derivar, más bien, de la ineficiencia de las autoridades.
Uno de los avances más relevantes en México ha sido la consolidación del principio de libre elección de notario, conforme al modelo del notariado latino. Este principio fortalece la protección del consumidor jurídico, pues garantiza independencia, transparencia y competencia entre fedatarios.
En este contexto, tuve la oportunidad de participar en el proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-247, relativa a la compraventa de vivienda y servicios inmobiliarios. Para nuestra sorpresa, el proyecto original incluía un principio de libre imposición de notario, lo que -paradójicamente, tratándose de una norma de protección al consumidor- privaba al comprador del derecho de elegir a su notario y transfería esa facultad a los desarrolladores inmobiliarios y a las instituciones financieras.
Gracias a la participación de notarios con sólida formación académica y valores éticos, se logró modular parcialmente ese principio, pese a la resistencia de autoridades, representantes del sector regulado y algunos fedatarios. Sin embargo, el tema permanece abierto: urge que las autoridades competentes vigilen y regulen nuevamente este aspecto, a fin de asegurar que la libre elección de notario sea una realidad efectiva para todos los consumidores.
Cuando ese derecho se ve vulnerado -por presiones de instituciones financieras, desarrolladores o intermediarios- la responsabilidad no recae en los notarios, sino en las estructuras del sistema financiero que distorsionan la voluntad del ciudadano. Compete a las autoridades -Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Condusef y Profeco- revisar y corregir esas prácticas, asegurando que la elección del notario sea siempre libre, informada y respetada.
El notariado mexicano es una institución viva, profesional y moderna, que combina tradición jurídica con innovación tecnológica. Lejos de ser un obstáculo, el notario acerca la legalidad al ciudadano, garantizando seguridad en la transmisión de bienes, la formalización de empresas, la disposición testamentaria y la celebración de contratos. La confianza que la sociedad deposita en el notario no se impone: se gana cada día, mediante ética, preparación y cercanía.
Más allá de los juicios generales, el notariado es un aliado del desarrollo, no su adversario. Su función preventiva, su independencia técnica y su vocación de servicio constituyen pilares esenciales del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica del país. Criticar al notariado sin reconocer su aportación cotidiana equivale a ignorar uno de los mecanismos más eficaces de justicia social preventiva que existen en México.
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