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LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE ADULTOS

El 1 de julio de 2018, entra en vigor la nueva ley de protección de adultos: los “administradores”; se convierten en “representantes adultos”.

Esto va acompañado de una innovación integral, que representa un cambio de paradigma en beneficio de los afectados.

La nueva Ley de Protección de Adultos coloca a la persona afectada en el centro para mantener la autonomía, la autodeterminación y la libertad de elección lo más extensamente posible.

La capacidad de toma de decisiones de los afectados también se fortalece significativamente en el área de los derechos personales y familiares. Su finalidad es defender y reconocer la independencia de cada persona durante el mayor tiempo posible, y simplemente apoyarlos en sus asuntos y no decidir más allá de ellos.

En el futuro, la estructura de las opciones de representación promoverá una mirada más cercana, la reflexión y la diferenciación de todos los participantes.

El objetivo es encontrar la mejor solución posible para cada situación a fin de que la persona afectada pueda actuar de forma independiente el mayor tiempo posible.