Notarios piden menos burocracia y más tecnología para combatir el lavado de dinero

PORTUGAL

Notarios piden menos burocracia y más tecnología para combatir el lavado de dinero

Los notarios quieren estar representados en la Comisión de Coordinación de Políticas contra el Lavado de Dinero. Argumentan un promedio de 100 operaciones por año que señalan como sospechosas. 

La Orden de Notarios (ON) a) exige la creación de una plataforma informática que concentre todo el flujo de información sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, simplificando los procedimientos y poniendo fin a la burocracia, b) propone que esta Orden sea admitida como miembro del Comité para la Coordinación de las Políticas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, uniéndose a otras órdenes que ya son miembros, a saber, abogados, auditores legales y Contadores certificados

Según el presidente de ON, “es absurdo que los notarios no estén representados en la Comisión para la Coordinación de Políticas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, sobre todo porque los notarios y conservadores son responsable de más del 99% de las transacciones reportadas por profesionales legales con fines de control, con un promedio de 100 transacciones por año marcadas por notarios como sospechosas «.

Por otro lado, demasiada burocracia está impidiendo el control efectivo del lavado de dinero, por lo que la Orden de Notarios llama al nuevo gobierno a enfrentar este problema de manera frontal y decisiva. 

El ON también sugiere la creación de una plataforma informática única que concentra todo el flujo de información y simplifica el proceso de comunicación entre las diversas entidades. El presidente de la Orden de Notarios explica que «la complejidad de la lucha contra el lavado de dinero requerirá cada vez más la articulación entre todos los agentes». 

El deber de advertir sobre operaciones sospechosas

Se recuerda que siempre que los notarios tengan motivos para sospechar una transacción financiera en particular, deben informar de inmediato a la Unidad de Información Financiera (PJ) de la Policía Judicial y al Fiscal General de la República (PGR).

Según ON, las transacciones más sospechosas que plantean suelen estar relacionadas con la compra y venta de bienes inmuebles, establecimientos comerciales y participaciones, formación de empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones y, en general, de entidades con estructura corporativa o análoga.