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Orden de los Notarios exige integrar propuesta del registro simplificado
El presidente del Colegio de Notarios de Portugal se manifestó preocupado por la exclusión de las notarías en la implementación del sistema de información catastral simplificada en todo el país, teniendo en cuenta que el proyecto de ley del Gobierno es «inexcusable».
Preocupa el hecho de que los notarios hayan sido alejados por completo de la aplicación de la ley, lo que es bastante extraño en la medida en que aún hoy los notarios son de lejos la entidad que más justificaciones de efecto de registro hacen en este país», avanzó el bastón de la Orden de los Notarios, Jorge Batista da Silva, en el marco de una audiencia parlamentaria sobre la propuesta de ley del Gobierno para extender el proyecto piloto del registro simplificado a todo el país.
La Orden de los Notarios va a presentar una propuesta para que «los notarios sean incluidos en esta ley», asegurando que «no es sólo por una cuestión económica» destacando el papel de estos profesionales en la viabilidad del proceso de registro simplificado.
«Quien se beneficia de este régimen de gratuidad es quien sabe utilizar la ley de la mejor forma, porque cuando tuvimos hace unos años la posibilidad del registro gratuito de la propiedad, quien registró sus propiedades no fueron los pobres propietarios, fueron los grandes propietarios, advirtió el bastón, manifestándose a favor de la gratuidad del proceso de registro de propiedad, pero no de todos los actos conexos, en que se incluyen todos los negocios jurídicos, como compras y ventas de edificios.
A pesar de que la propuesta de ley del Gobierno determina que el régimen de gratuidad, tanto de honorarios como de impuestos se aplica «a los edificios rústicos y mixtos con área igual o inferior a 50 hectáreas», la Orden de los Notarios afirmó que «de Coimbra hacia arriba [del país] se aplica a las propiedades todas».
En el marco del objetivo de extender el registro simplificado a todo el país, el bastón de la Orden de los Notarios elogió la propuesta de ley del Gobierno, considerando que «es fundamental para el desarrollo del país», en términos de organización y gestión del territorio.
