Vietnam
Legalización notarial obligatoria para ciertos tipos de contratos y transacciones a fin de garantizar la seguridad jurídica
En el contexto del creciente desarrollo económico y social, el número y la escala de las transacciones en general, y las transacciones inmobiliarias en particular, aumentan cada vez más las legalizaciones notariales, cuya eliminación del requisito obligatorio para ciertas transacciones relacionadas con tierras y viviendas conlleva muchos riesgos potenciales de fraude y disputas.
La legalización notarial no es una actividad comercial ordinaria
La legalización notarial en Vietnam implica la certificación del contenido de los documentos; debe garantizarse la autenticidad y legalidad del contrato o transacción. El sistema notarial vietnamita cumple dos funciones fundamentales: crear y proporcionar pruebas. Los documentos notariales tienen valor probatorio; los hechos y circunstancias contenidos en ellos no necesitan ser demostrados. Además, dichos documentos tienen fuerza ejecutiva obligatoria para las partes firmantes del contrato o transacción.
La legalización notarial es un servicio auxiliar del sistema judicial, un servicio público básico delegado por el Estado a los notarios.
La exigencia de legalización notarial obligatoria para cierto tipos de contratos o transacciones (por ejemplo, las relacionadas con tierras, viviendas o bienes inmuebles) busca garantizar la seguridad jurídica en transacciones civiles y económicas importantes en la vida socioeconómica, así como proteger los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas. Las transacciones sobre tierras y propiedades adheridas a ellas tienen siempre una importancia especial, ya que afectan al desarrollo sostenible y estable de la economía, el orden público y la seguridad social. En un contexto de creciente actividad económica y social, la eliminación del requisito notarial obligatorio para ciertos actos relacionados con tierras y viviendas puede incrementar el riesgo de fraudes, disputas y vulnerar los derechos e intereses legítimos de los participantes. Además, puede comprometer la seguridad jurídica y dificultar el equilibrio de intereses entre el Estado, las empresas y los ciudadanos.
La Ley de Notariado de 2024, define claramente el ámbito del notariado y las competencias de los notarios, así como las transacciones que requieren legalización notarial.
Reafirma que el notariado es un servicio público delegado por el Estado a los notarios para que certifique la autenticidad y legalidad de las transacciones civiles documentadas.
Si un notario solo lleva a cabo tareas de autenticación y no certifica transacciones, esto no se considera como ejercicio profesional del notariado.
Asimismo, se incorporan criterios específicos para determinar qué transacciones deben ser obligatoriamente notarizadas, en lugar de enumerar una lista cerrada de transacciones. La ley encarga al Ministerio de Justicia revisar, actualizar y publicar en su portal web las transacciones sujetas a legalización o autenticación notarial, facilitando a ciudadanos y empresas la identificación de tales actos, y aumentando la transparencia en la aplicación legal.
En cuanto a los procedimientos generales de legalización de transacciones, la ley de 2024 incorpora algunas disposiciones específicas para ciertos tipos de transacciones inmobiliarias que ya no estarán limitadas por jurisdicción territorial, adecuándose a la naturaleza de cada operación. También se permite que las partes acuerden con la organización notarial los plazos de legalización en ciertos casos concretos, a fin de proteger sus derechos sin imponer rigidez en el procedimiento. Se establecen además condiciones más claras para autorizar la legalización fuera de las oficinas notariales, equilibrando la necesidad de respetar la sede institucional con la flexibilidad práctica.
La ley incluye cuatro nuevos artículos que establecen principios básicos para la legalización electrónica, proporcionando así una base legal para la digitalización del notariado.
Hoy en día, en la mayoría de los países del mundo, especialmente aquellos que siguen el sistema notarial latino, los contratos y transacciones inmobiliarias deben ser legalizados por notarios. La legalización se considera una base confiable para que las autoridades registrales realicen inscripciones de propiedad. Por ejemplo, en España, ciertos contratos y transacciones deben ser obligatoriamente notarizados; de lo contrario, no tienen validez legal, como ocurre con los contratos matrimoniales, los relativos a la transmisión de propiedad, o las donaciones, lo cual está claramente estipulado en el Código Civil para garantizar la seguridad jurídica. De forma similar, en Japón, los contratos de arrendamiento comercial o los acuerdos de tutela voluntaria deben ser redactados y certificados por un notario para tener valor legal y fuerza vinculante.
VER NOTA: https://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2698
